Justo un año después de iniciarse el concurso de acreedores, el juez Javier Antón Guijarro ya conoce la propuesta del Sporting sobre el convenio que permitirá la viabilidad del club gijonés. Las condiciones fueron presentadas por el despacho jurídico de Legalia, que lleva el peso de las negociaciones con los acreedores. De hecho, ya se han conseguido las firmas de Hacienda, la Seguridad Social, Gesai y la Liga de Fútbol Profesional, entre otros.
Ahora, el magistrado concursal pasará a los administradores los términos del convenio, que ya son conocidos, con una reducción de la deuda en un 50%, para afrontar el pago en cinco años, con el primero de carencia. Con esta medida, que se aplicará, previsiblemente, a final de año, el club podrá reducir su deuda de 50,7 a 18 millones de euros, gracias al convenio singular que se suscribirá con Hacienda.
Los administradores concursales -Celestino Suárez Viñuela, Antonio González-Busto y Juan Miguel González- deberán analizar si la propuesta presentada por el Sporting puede cumplirse. En el caso de que el club tenga viabilidad, como así parece, según el control llevado por los interventores desde hace casi un año, se pasará a convocar la junta de acreedores de la entidad gijonesa. Para ello, es preciso primero que finalice la fase común. Antes hay que esperar a que el juez resuelva las demandas de los acreedores que no estaban conformes con la deuda reconocida. En el caso del Sporting parece que sólo quedan negociaciones con cinco acreedores. Se estima que la fase común concluirá en setiembre, por lo que la junta de acreedores podría celebrarse en torno a diciembre.
José Fernández y José María González de Caldas, además de ser los máximos accionistas, figuran en la lista de principales acreedores. Parece ser que uno de los requisitos del Principado es que ambos capitalicen sus créditos y los conviertan en acciones. Además de cantidades que en su día adelantaron, los dos pertenecen a sociedades que facilitaron préstamos participativos.
También están pendientes de resolución algunos recursos, como el presentado por el club contra la minuta del abogado y procurador de Coral Golf, empresa que instó el proceso concursal, al pasar unos gastos de unos 360.000 euros, que en la entidad se consideran desorbitados, al ser una cantidad muy superior al importe de la deuda reclamada por la empresa de jardinería. El caso está en manos del juez, cuestión que probablemente analizará al final del proceso. Hoy se cumple un año desde que Antón Guijarro determinó el inicio del proceso concursal. Ahora, la situación aún no está reconducida, aunque sí se considera bien encaminada. MANUEL ROSETY (El Comercio)