El proceso concursal del Sporting no va a ser nada barato. Las cifras se disparan hasta el millón de euros, un poco más de lo que le costó al Oviedo su suspensión de pagos. Las minutas de los abogados, procuradores e interventores colocan el coste del Concurso de Acreedores en esa cifra, que reducirá la deuda del club en alto porcentaje. Las cuentas ya están en la mente del club, después de conocer las minutas de los interventores y de los abogados de ambas partes.

La más jugosa es la del letrado de Coral Golf, Alvaro López Castro, que reclama al Sporting una minuta de 360.000 euros, mientras que los interventores cobrarán una cifra parecida, en torno a los 184.000 euros cada uno. Las cifras engordan con los 48.000 euros que reclama el procurador de la empresa que insta al concurso de acreedores, hermano de Alvaro López Castro. Sin embargo, el Sporting solventó la cuenta con la procuradora que trabajó con Price Waterhouse Coopers con 3.000 euros. Las diferencias son llamativas para unas funciones similares.

A esas cifras, hay que sumar lo que cobrarán los abogados del club. El acuerdo con Price Waterhouse Coopers ya está cerrado, aunque queda por cerrar la minuta que debe realizar Celso González por el trabajo que ha comenzado a desempeñar por orden y deseo de José Fernández. El máximo accionista de la entidad es el principal interesado en sacar el proceso adelante, con la firma del convenio de acreedores.

Tampoco hay que olvidar el coste de la regulación de empleo, algo a negociar con los sindicatos, pero cuya propuesta prevé la marcha de 12 empleados y tres futbolistas, al margen de la reducción de salarios de 17 otros trabajadores. Algunos de estos empleados no están dispuestos a continuar en las condiciones de sueldo que les ofrece la entidad, como ocurre con Daniel Pinín, Secretario General de la entidad. Otros empleados muestran sus dudas, además del enfado por las medidas que consideran injustas.

El Sporting espera el informe del juez Javier Antón Guijarro, a la espera de la opinión del Simón Yanes sobre el contrato con Gesai en lo que respecta al acuerdo por la opción de compra de Mareo. Los interventores estudian la legalidad de la operación, aunque Yanes ya ha reconocido la conformidad.

Con esas decisiones y con la duda de la aprobación de la minuta del abogado de Coral Golf, considerada excesiva y abusiva, se dará por cerrada la fase común para iniciar la negociación con los acreedores. La deuda con Hacienda es uno de los puntos importantes, con una cantidad reconocida de casi 25 millones de euros, de los que 20 corresponden a actas y recursos desde 1994. Dentro de la lista de acreedores, el club mantiene una deuda con José Fernández y empresas relacionadas con el máximo accionista en torno a los 12 millones de euros. La firma del convenio decidirá la forma de pago y el porcentaje reducido de la deuda que, en el mejor de los casos, llegará al 50%. La figura de Celso González cobra protagonismo en las negociaciones puesto que deberá controlar las mayores deudas para conseguir un acuerdo satisfactorio para el club. A pesar de los grandes números que presentan las cuentas, el club y sus abogados afrontan el proceso con optimismo.