«Con la capacidad de generación de ingresos de la sociedad, mientras el primer equipo de fútbol compita en Segunda División, la continuidad del Real Sporting de Gijón SAD en el mercado es poco menos que imposible». Esta es una de las conclusiones reflejada por los administradores concursales acerca de la situación patrimonial de la entidad rojiblanca, y que forma parte de un extenso informe de dos tomos entregado ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.

La documentación a la que ha tenido acceso EL COMERCIO arroja un pasivo total del Sporting, a 14 de junio de 2005 -día en que se declaró a la entidad rojiblanca en concurso-, de 50.705.464,59 euros (8.436.679.431,3 pesetas). De esa deuda, casi la mitad (24.706.130,64 euros) se adeuda a la Agencia Tributaria.

El economista Celestino Suárez Viñuela, el abogado Antonio González-Busto y el inspector de Hacienda Juan Miguel González entregaron ayer por la mañana el que ha sido su principal trabajo en los últimos meses, y pieza clave sobre la que el juez, Javier Antón Guijarro -que ayer se encontraba ausente-, decidirá si mantiene o no en sus funciones al consejo rojiblanco durante el concurso de acreedores. Acto seguido, acudieron a Mareo para informar a los dirigentes rojiblancos, a quienes se presentó Juan Miguel González, designado administrador a finales de agosto y que aún no había tenido ocasión de visitar las oficinas del club.

Entre otros contenidos, el informe concursal incluye la memoria de la historia económica y jurídica del Sporting, su contabilidad en los tres últimos ejercicios, el inventario de su masa activa -incluidas sendas valoraciones sobre los futbolistas y los terrenos de Mareo- y la relación de acreedores de la entidad.

La memoria jurídica y económica es mucho más amplia que la presentada por el Sporting al juez el pasado 14 de julio. En su parte final, los administradores exponen las cuatro causas por las que entienden que la sociedad ha llegado a su situación actual y aportan otras tantas recomendaciones en pos de su desahogo económico.

Asimismo se destaca que el Sporting está incurso en causa de disolución «desde, al menos, los tres últimos ejercicios económicos», motivo por el que debió presentar él mismo el concurso de acreedores voluntario, más aún habida cuenta de que «las ampliaciones de capital convocadas para resolver la situación han resultado un completo fracaso».

Una de las razones que explican la situación actual es la «incorrecta gestión económica», que se manifiesta en una ingente deuda con la administración tributaria y en el hecho de que los compromisos de pago con el equipo en Primera no se estabilizasen tras el descenso de categoría.

En segundo lugar, los administradores aprecian una «inadecuada capitalización de la sociedad», que la obliga a recurrir a la financiación de terceros -caso de Gesai-. La tercera causa es «una exagerada y carísima estructura de personal, en buena parte de los casos excelentemente retribuido». Por último, se observa «una insuficiente planificación deportiva», que «debería haber suplido los inconvenientes derivados de la penuria económica». «La superación de la actual situación resulta -se añade- de extraordinaria dificultad y está inevitablemente vinculada a resultados deportivos que exceden cualquier posibilidad de control empresarial».

Los administradores aportan cuatro recomendaciones al informe: «Proceder a la urgente regulación de empleo de la plantilla de trabajadores y futbolistas, negociar un convenio -de acreedores- en los términos más beneficiosos que admite la ley -reducción del 50% de la deuda con un aplazamiento máximo del pago de cinco años-, suscribir un convenio singular con la Agencia Tributaria y profesionalizar la gestión económica y de personal». No obstante, la aplicación por sí sola de estas propuestas «no es garantía de la continuidad de la entidad en el mercado», debido a la importante deuda y a «las dificultades que padece la sociedad para hacer frente a sus gastos corrientes».

Con la entrega del informe se abre otro paso clave del concurso, en el que el juez decidirá si aparta o no al consejo de administración durante el tiempo que dure el proceso. La respuesta a este interrogante probablemente se conocerá la próxima semana. Hasta que ese momento llegue, lo próximo parece la puesta en marcha de la regulación de empleo. Y los administradores contactarán con los acreedores que estén en condiciones de impugnar la relación de créditos, como marca la ley, aunque esto no paralizará la vital decisión del juez sobre el consejo.