Los máximos accionistas de los equipos más representativos de la región están a punto de dar un paso más en las estrechas relaciones que mantienen desde hace años. Y es que José Fernández ha instado al consejo de administración rojiblanco para que prescinda de los servicios de Price Waterhouse, la multinacional de la abogacía que está asesorando al Sporting en el proceso concursal, y contrate a Legalia, bufete de Celso González.

Los vínculos del máximo accionista del Oviedo y del empresario de La Calzada son conocidos desde hace tiempo. El penúltimo ejemplo fue la elección de Legalia por parte de Fernández para su defensa en el juicio en el que Tapia Sport reclamaba a los máximos accionistas del Sporting el dinero por el paquete de acciones que la empresa del fallecido Antonio Asensio vendió a Fernández y a sus socios, y que les dejó en bandeja el control del club rojiblanco.

Pero éste no ha sido el único negocio entre Fernández y Celso González. El abogado es uno de los ideólogos, con el visto bueno del Principado, de la operación que el Sporting había puesto en marcha para la presentación del concurso voluntario de acreedores. Una operación que se frustró en parte debido a la puesta en marcha del concurso por parte de Coral Golf.

Las relaciones alcanzan a uno de los tres administradores concursales del Sporting que fiscalizan desde hace meses el día a día del club. El también abogado Antonio González-Busto fue el único de los tres administradores que estuvo presente el pasado lunes en una reunión mantenida en Mareo con el consejo de administración rojiblanco. González-Busto trabajó codo a codo en el grupo inmobiliario Mall con Luciano Huelga, estrecho colaborador de Celso González en su etapa como consejero del Oviedo durante la presidencia de Eugenio Prieto y en los primeros momentos del mandato de Manuel Lafuente.

En Mall, González-Busto entabló relaciones laborales con Simón Yanes, letrado con el que el administrador concursal rojiblanco trabajó en varios casos representando los intereses de la firma liderada por Luciano Huelga y Julio García Noval. Unas relaciones que han llevado a González-Busto a presentar a Simón Yanes como uno de los tres «expertos independientes», junto al agente Eugenio Botas y la arquitecta Rocío García, que tendrán que tasar la plantilla rojiblanca, la Escuela de Fútbol de Mareo y la venta de la opción de recompra de Mareo a Gesai.

«Desconozco todo este tema», explicaba ayer Manuel Vega-Arango. El presidente rojiblanco aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que «nadie va a negar la capacidad que tiene Price Waterhouse, una empresa grande y de enorme prestigio». Pero Vega-Arango puntualizó: «Hay que buscar lo que más convenga a la sociedad».

Lo cierto es que José Fernández no está contento con la labor realizada hasta la fecha por los abogados de Price Waterhouse, firma cuya contratación aconsejó la inmobiliaria Gesai y que poco a poco está siendo arrinconada tras haber aportado al club rojiblanco casi cuatro millones de euros en concepto de pago por la opción de recompra de Mareo y para el pago de las fichas y sueldos de los trabajadores del Sporting la pasada temporada. La aparición a finales de julio de José Fernández, acompañado de González de Caldas, salvó al Sporting del descenso administrativo.
Regulación de empleo
Por otra parte, los administradores ya han esbozado un plan para la regulación de empleo que se pondrá en marcha en las próximas semanas. Una regulación que podría afectar, entre otros, a Eloy. Pero dado que el director deportivo finaliza su contrato el próximo 30 de junio, los administradores podrían decidir que continúe. El club sólo quiere sacrificar a Eloy, pero los administradores son conscientes de que para cuadrar el presupuesto son necesarios más despidos. Entre ellos se bajaran el de varios jugadores con contrato en vigor y el de personal sanitario y administrativo.