El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo no dictará medida cautelar alguna que impida el descenso automático del Real Sporting de Gijón a Segunda División B si los futbolistas del club mantienen ante la AFE las denuncias por impago de las fichas de la temporada 2004-05 y de las tres últimas mensualidades, según ha trascendido en medios próximos al proceso concursal que tiene en vilo a la afición rojiblanca. En cualquier caso, el juez adoptará la decisión definitiva en las próximas horas.
Si los diagnósticos se confirman, los responsables de la entidad dispondrán de poco tiempo para convencer a los jugadores de que retiren sus demandas. Para ello, deberán pagar la deuda íntegra o asegurar su abono diferido antes de la medianoche del próximo 1 de agosto, día hábil siguiente al último de plazo, que coincide en domingo.
Lo adeudado a la plantilla rondaría los tres millones de euros, según los letrados que la defienden, aunque el Sporting considera que podría solucionar el primer apuro con menos dinero y nuevas promesas, como suele ocurrir durante los últimos años cada final de temporada. Gesai, la promotora urbanística vascongada que ronda la Escuela de Mareo desde mediados de la liga pasada, es otra vez la principal candidata a suministrar al Sporting el líquido que le urge.
Javier Antón Guijarro, el juez encargado del procedimiento concursal instado por Coral Golf podría anteponer el criterio de la jurisdicción ordinaria a la deportiva, tal y como sucedió en Las Palmas con el club amarillo, pero todas las fuentes consultadas ayer por este diario rechazaron esa posibilidad y anunciaron que el magistrado se inhibiría. La representación jurídica de los veintidós futbolistas a los que el Sporting de Gijón debe dinero, algunos de los cuales han dejado de pertenecer a la disciplina de la entidad rojiblanca, pretende que los interventores judiciales reconozcan al cien por ciento la deuda reclamada por sus representados, porque el vencimiento de sus créditos es posterior a la fecha en la que se decretó el concurso de acreedores, conforme aseguran. Si los interventores judiciales rechazan los argumentos de los abogados de los futbolistas, el global de la deuda con la plantilla podría rebajarse a la mitad al incorporarse a la masa de acreedores.
Por otra parte, el letrado de Coral Golf, Álvaro López Castro, ha solicitado al Juzgado que emplace al Banco de Sabadell para que justifique en autos la naturaleza de su crédito frente al Sporting.
El Juzgado acordó el pasado 21 de julio nombrar un tercer interventor de la quiebra que deberá ser designado por el consejo de administración de esa entidad financiera catalana, que recientemente absorbió al Banco Herrero y que nunca recuperó el medio millón largo de euros prestado al Sporting. Si el crédito exigido por el Banco de Sabadell a los rectores rojiblancos cuenta con un aval que lo garantice, la entidad debería ser excluida del triunvirato que ha de administrar las cuentas del Sporting hasta que se aclare su situación económica, conforme interpreta López Castro la ley procesal concursal española.
Según el defensor de los intereses de la empresa de jardinería Coral Golf, a quien el club local adeuda unos 300.000 euros por el mantenimiento del césped de sus instalaciones deportivas, el crédito del Banco de Sabadell fue afianzado en su día por el empresario José Fernández -el ex presidente del equipo es ahora su acreedor más importante- y por la cantidad comprometida por el Gobierno regional para promocionar al Principado de Asturias en las camisetas rojiblancas durante la próxima Liga 2005-06.
Otra de las decisiones que habrá de adoptar el Juzgado que investiga el pasado reciente de la gestión económica del Sporting para determinar el futuro de la sociedad anónima deportiva afecta a Manuel Vega-Arango y a su consejo de administración, limitado ahora en sus funciones por la actuación de los interventores judiciales, que tratan de precisar el monto total de las deudas del club y administrar sus recursos para liquidarlas. Tanto el presidente de la entidad como sus consejeros podrían ser relevados de sus funciones o cesados para siempre, pero fuentes bien informadas adelantan que eso nunca ocurrirá antes de septiembre.
Los abogados contratados por los múltiples acreedores del Real Sporting para tratar de recuperar el dinero adeudado por el club acusan a los rectores rojiblancos de ocultismo y de fraude procesal, para embarrar el terreno de juego y oponer así mayor resistencia a la acción de la justicia.