El abogado de Coral Golf, Alvaro López Castro, solicitará al juez el próximo día 29 "cortar los contratos de la alta dirección" al considerar que pueden ser excesivos, "pero para eso todavía tenemos que revisarlos, porque aún los desconozco". El más alto dentro de la cúpula organizativa es el del director general, Alfredo García Amado. No será la única petición que le realice a Javier Antón Guijarro, ya que el abogado también quiere que cese al consejo de administración de sus funciones actuales al entender que "si en estos años no han cumplido con la ley, ya que tendrían que haber ido a una quiebra voluntaria, pocas garantías pueden ofrecer ahora", aunque Alvaro López Castro matizó que "no dudo de su moralidad".
Sin embargo, entre que los consejeros mantengan sus cargos y que sean cesados de sus funciones, Alvaro López Castro considera que el juez puede tomar una decisión intermedia, en la que el consejo quedaría al mando "de la parcela deportiva". Pero incluso cree que el propio director deportivo, Eloy Olaya, podría hacerse cargo de esa faceta. El abogado está convencido de que si se tratase de una empresa normal "los consejeros quedarían apartados al cien por cien", pero el hecho de tratarse de un club de fútbol le hace pensar que el juez "no los separe de la entidad por la alarma social que se podría crear".
Hasta el momento el juez ya ha nombrado dos interventores y le falta por decidir quién será el tercero. Lo hará unos tres días después del 29 de junio y Alvaro López Castro explicó que sus intenciones son las de que sea uno que Coral Golf proponga. Los motivos son "porque se le debía dinero a muchos acreedores, pero nosotros fuimos los únicos que nos hemos gastado el dinero que supone iniciar este proceso". También quiere dejar bien claro que el que nombre el juez tendrá que ser "un auditor", por obligación, y dentro de las limitaciones que pone la ley expone que no podrá ser uno que represente "a los trabajadores, futbolistas o a cualquiera de los administradores que hayan comprado deudas".
Para Alvaro López Castro el proceso que inicia el Sporting puede servir para que tenga viabilidad de futuro. En ese sentido recuerda que el espíritu de la ley "es mantener a la empresa viva y al igual que su unidad patrimonial". Sin conocer aún las cuentas, debido a que "faltaban las de los últimos cuatro años, pese a que Price Waterhouse ya ha presentado las últimas", el abogado de Coral Golf estima que de la deuda global del club aproximadamente unos cuatro mil millones de pesetas "pueden corresponder a Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento", y recuerda que son instituciones "que suelen ceder poco".
Alvaro López Castro considera que si el Sporting es capaz de solventar ese escollo con el resto de acreedores no tendrá problemas para llegar a un acuerdo en la quita "y solventar la situación con unos mil y poco millones de pesetas y malo sería que no pudiese hacer frente a todo". Pese a todo el abogado recuerda que el caso del Sporting es muy complejo debido a los diferentes tipos de créditos que tiene.